miércoles, noviembre 13, 2013

Una enseñanza pública y laica

POR TITOS
El próximo día 14, representantes de varias Plataformas por la Defensa de la Escuela Pública presentarán ante el Palacio de la Moncloa la solicitud expresa de la retirada de la proyectada Ley orgánica de la Mejora de la Enseñanza, pues no se entiende que tal ley vaya a mejorar la Enseñanza. Además, consideran que hay una agresión explicita a los fundamentos de escuela pública y favorece la expansión de la enseñanza privada. Estos colectivos han venido manteniendo que la educación es un derecho que debe alcanzar a todas las personas para garantizar la igualdad de oportunidades en una sociedad democrática, por la tanto la universalidad de un servicio que el Estado debe asegurar. Dentro de esta consideración, la enseñanza debe ser gratuita y preservada de intereses crematísticos derivados de los negocios,  por lo que los gastos estarán afrontados por el Estado. Por último, en la misma observación el sistema educativo debe estar homologado con unos contenidos mínimos comunes para todo el ámbito nacional que deben ser establecidos por el mismo Estado, salvo algunos agregados de las lenguas vernáculas en las comunidades autónomas donde se hablen.
Paralela a la red de colegios públicos, se encuentra otra red de centros concertados de propiedad privada que se mantienen con fondos públicos. Esa es la línea de discusión, que si bien se encuentran en conformidad al Art. 27 de la Constitución, no está libre de polémica al chocar con uno de los principios anteriormente expuestos y defendidos por los colectivos: la educación exenta de intereses comerciales. No obstante,  desde cualquier óptica puede admitirse una enseñanza privada pero de conocimientos o prácticas complementarias no contempladas en el diseño reglado y, por supuesto, costeada con fondos particulares.

Dentro de estos colectivos, algunos proponen que la escuela pública debe ser además laica, no tanto como una oposición a una injerencia eclesiástica en asuntos de la enseñanza, que siempre la persigue, como un modo de erradica de la educación cualquier atisbo de adoctrinamiento en cualquier dirección. Una pretensión que encuentra serias dificultades en nuestro país para alcanzar un cumplimiento satisfactorio, son muchos los sectores que buscan en la enseñanza un medio adecuado de expansión tanto en el ámbito religioso, como por los diferentes nacionalismo u otras ideologías. Pero los centros sostenidos con fondos públicos deben ser plurales, conforme a sentencia del Tribunal Constitucional, donde el alumno pueda encontrar libertad de elección, de creencias, de conciencia después de cada lección recibida, lo que no implica tener una conciencia libre pues a través de la educación se pretende enseñarle valores de solidaridad y responsabilidad que estén conforme a la legislación vigente. Sin embargo, la LOMCE permite en la red privada que haya en algunos de sus centros acoplamientos peculiares que confinan la legalidad, como la discriminación confesional o la separación por sexos. Parece que nunca terminamos de asentar principios básicos de convivencia.

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