Propuestas para recoger en una Constitución

por TITOS

Uno de los temas que más se llena las páginas de los periódicos últimamente es de la Constitución, parece ser que desde varios frentes la quieren dar el finiquito. Algunos porque proponen cambios, otros porque no proponen ninguno, el caso es que desde diferentes ángulos se observan cosas en el ordenamiento político que rulan mal, como si encontrasen engranajes oxidados que necesitan renovación. Lógicamente, desde todas las perspectivas se anda con cautela en la intensidad de estas reformas pues, como siempre, iniciar nuevos senderos promueve recelos y la elaboración del nuevo texto se tiene que hacer con las otras tendencias, algunas de pareceres opuestos.

No obstante, antes de cerrarla, hay que darle un agradecimiento a la presente constitución por los servicios prestados: nunca en España hemos tenido un período tan lato sin enfrentamientos ni escaramuzas como el que hemos atravesado. Hay que tener en cuenta que en nuestro país siempre ha habido una guerra civil en ciernes, cuando no hemos tenido guerras exteriores; sentimientos ahogados por una clase dominante; desigualdades extremas… pero durante este período hemos caminado y estableciendo leyes más acordes con los respetos, si bien en ese caminar lento de “un paso adelante y dos atrás” que es como se avanza, parafraseando a Lenin.

Y en efecto, los que más se empapizan la boca con la palabra Constitución y su persistencia son los que más la han lapidado con su incumplimiento, los que la tienen como refugio de su propia permanencia en los estrados altos, cuando no de sus abusos. Sin embargo, constituyen un estorbo para que la misma Constitución se desarrolle. Otros no han disfrutados de todo el contenido constitucional que les aseguraba un trabajo o una vivienda.

Haciendo un repaso, tenemos uno de los sistemas electorales más desigualitarios de Europa, menos proporcionales, a pesar de que en su art. 152 recoge que hay que establecer el sistema proporcional. En otros países, entre ellos Alemania, cada partido recibe un número de escaños proporcional al apoyo recibido en las urnas. Por otra parte, se disponen de circunscripciones son mayores, de esta forma ningún votante tiene más peso que otro. Mientras que en España los diputados de las provincias pequeñas están sobredimensionados sobre las provincias grandes. Esta desigualdad se acentúa en el Senado, no corregida por la asignación directa de los senadores por las autonomías. Por ejemplo, Soria cuenta con los mismos senadores que Barcelona, cuando la provincia catalana cuenta con una población 60.000 veces mayor.

El mismo Senado es una muestra de incumplimiento de la Constitución, el art. 69 lo configura como cámara de representación territorial, función que nunca ha desempeñado a lo largo de los cerca de 40 años que está en vigor. La disposición de Senado, por otra parte, favorece un predominio de la derecha por esa valoración representativa de las provincias pequeñas. Si bien, como este organismo no ha tenido una función específica se ha convertido en una cámara inútil, de gente que disfruta de una sinecura y miran cómo pasa la legislatura. Por el contrario, en un Estado de autonomías hubiese sido una cámara necesaria e imprescindible de diálogo entre diferentes regiones. Si bien, por los diferentes partidos, en cada campaña electoral siempre se presenta programas de reforma del Senado, promesa que nunca se ha llevado a cabo.

 Otro organismo, el Consejo de Estado que según el art. 107, es el supremo órgano consultivo del Gobierno, pero sólo eso, consultivo. A él pertenecen los expresidentes y personas destacadas de la política, no tiene calendario establecido, por lo tanto sus sesiones se pueden dilatar; la persona que asiste con más asiduidad es el expresidente Rodríguez Zapatero, los otros faltan. Sin embargo, este Consejo durante el presente período ha enviado al Gobierno más resoluciones que nunca, aunque el Gobierno ha desdeñado casi todos sus dictámenes. Tan solo tiene una función asignada, la de enviar al Gobierno informes en caso de conflicto con comunidades autónomas. Mientras tanto es otra de las instituciones convertida en cementerio de elefantes, destacados que se retiran de la política y siguen cobrando un sueldo, como un efecto de los sillones giratorios.

El Tribunal de Cuentas es otro de los organismos que se ha dado a conocer por su inoperancia, desconocedor de los casos de corrupción que han pasado por los partidos y por los gobiernos de comunidades autónomas, cuando en realidad tenía que haber sido de donde saliese la voz de alarma. Su función consiste en fiscalizar la gestión económica del sector público, y ahí se ven los resultados. Consta de 12 miembros, con una edad media de 70 años. No obstante, cuenta con una pléyade funcionarios, donde más nepotismo se ha dado dentro de la administración española, pues más de la mitad de ellos son familiares de gente significativa del PP: Fraga Iribarne, Aznar, Esperanza Aguirre, entre otros. Sus funciones la podía haber desempeñado mejor una sección específica de la Agencia Tributaria.

Durante la presente legislatura se ha controlado aún más los altos tribunales de Justicia,  se acapara el poder en la cúpula judicial gracias al control que se ejerce desde el Gobierno. El Presidente del Tribunal Constitucional entró en el cargo con el carnet del PP en el bolsillo, por no decir en la boca, desde diferentes medios se le exigió la dimisión, pero él no oyó.  

Quedaría hablar también de la monarquía que por dignidad de un pueblo y por obsolescencia de la institución debería desaparecer; es más, a lo largo de muchos siglos no hemos tenido ningún rey que merezca tener una mención en alguna calle de ciudad (salvedad hecha del rey Felipe VI por no haber trascurrido tiempo suficiente). Por el contrario, se precisa de un presidente de Estado con funciones propias, específicas y con autonomía.

Entramos en un período constituyente, pero no solo para satisfacer una reforma territorial a la demanda de una de las regiones, por mucho que se quiera maquillar. Hace falta una Constitución donde el derecho a la vivienda, a la sanidad, al trabajo, a una educación racional y científica no sea un desiderátum, una declaración de deseos a alcanzar, sino un derecho reconocido que los organismos tienen que garantizar; donde se tienda a la corrección de desigualdades sociales y se reduzcan las brechas salariales; donde se castigue severamente la corrupción hasta llegar a medidas disuasorias preservando a las personas; donde se haga un blindaje de los bienes públicos y no queden al albur de intereses de gobernantes de turno; donde el medio ambiente se considere un bien común o un capítulo más del estado de bienestar.

Hace falta una nueva Constitución.