TÚ PIERDES, ELLOS GANAN

 

La  configuración del actual sistema público de servicios sociales comienza en la década de los ochenta. En 1982 surgen las primeras leyes autonómicas de servicios sociales y ese proceso legislativo termina diez años después con la aprobación de la última en Cantabria en 1992.

Ha pasado mucho tiempo desde aquellas leyes de servicios sociales, en las que hubo significativos avances en la regulación de servicios y profesiones que estaban destinadas a cubrir ciertas necesidades de la población, avanzando hacia una profesionalización de lo social, y dando los primeros pasos hacia el alcance de las prestaciones sociales como derecho subjetivo. ¿Cómo estamos ahora?

Cerca de 40 años después, un alto porcentaje de servicios sociosanitarios de atención básica para la ciudadanía, ha sido concertada, concedida su gestión a empresas privadas a base de concursos públicos o directamente reorientando las prestaciones hacia la contratación privada, como pasa con la prestación vinculada a la dependencia, que dota de cantidades de dinero para que las personas dependientes puedan contratar un servicio privado como quieran y bajo el criterio de empresas que no cuentan con la formación ni seguimiento de la Administración Pública, más allá de estar autorizadas y emitir las facturas correspondientes.

Las consecuencias de todo esto son terribles; precariedad, inestabilidad, conflictividad laboral, pérdida de calidad de los servicios públicos, estancamiento, ninguneo de las profesiones que ejercen estos trabajos… la lista sería interminable, y no se me ocurre ninguna cosa buena.

El sistema creado de asignación de empresas privadas mediante concurso público de los servicios de éste sector, es en esencia perverso. Por un lado convierte este proceso en una subasta pura y dura, beneficiando a aquellas empresas que menos precio/hora ofrecen, valorando en un 60 ó 70%, (incluso más en algún caso), la oferta económica. Quien menos ofrece, se lo lleva. Y por otro lado endureciendo las condiciones de acceso a los concursos públicos mediante fianzas millonarias y condiciones adaptadas a los grandes grupos empresariales, que después de la crisis del ladrillo, han ido a parar en el sector sociosanitario copando cada vez más todos los servicios; Sacyr, ACS, OHL… Haciendo imposible definitivamente que cooperativas de trabajadorxs puedan presentarse y optar a una gestión directa de estos servicios.

Urge hacer algo, urge concienciar a la ciudadanía, que sepan que se mercadea descaradamente con sus derechos sociales en beneficio de grandes empresas que se están repartiendo un jugoso pastel de decenas de millones de euros públicos, imponiendo la precariedad laboral en las profesionales que lo ejercen y tirando por tierra la calidad de los servicios.